martes, 5 de abril de 2011

La suma de todos los males

Los basamentos jurídicos del régimen nazi. La persecución política

Apenas un día después de haber sido nombrado Canciller, el Presidente del Reich autorizó a Hitler a disolver el Reichstag (el Parlamento) y convocar nuevas elecciones. Tan solo cinco días después de haber asumido el poder, durante la campaña electoral, el gobierno de coalición de Hitler dictó un “Decreto para la Protección del Pueblo Alemán”, mediante el cual se les exigía a las organizaciones políticas informar con anticipación sobre todas las manifestaciones y marchas que fueran a ejecutar, y se le permitía a la policía prohibir reuniones, demostraciones y panfletos a su antojo.
Tres semanas después, en la noche del 27 de febrero de 1933, el Reichstag ardió en llamas. Poco tiempo después de que se desatara el incendio, el obrero de la construcción desempleado Marinus van der Lubbe, fue arrestado en las zonas aledañas del Parlamento y acusado por el delito.
A la mañana siguiente, el 28 de febrero de 1933, se publicó el “Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado”, uno de los pilares fundamentales del sistema de gobierno nacionalsocialista. Dotaba al gobierno de poderes adicionales para cerrar las imprentas de los partidos de izquierda, para prohibir cualquier publicación de la oposición, interrumpir concentraciones de campaña y arrestar a opositores políticos a su antojo.
Se elevaron las penas previstas para los delitos de traición y revelación de secretos militares, y se tipificó como delito “la deslealtad frente al pueblo alemán y las actividades consideradas de traición”.
La mera diseminación de “rumores o informes falsos” se tipificaba ahora como delito de traición. La producción, diseminación o conservación de escritos “que incitaran a levantamientos o huelgas o que fueran de otro modo actos de traición” eran castigados con severas penas.
Declarado el estado de emergencia, la autoridad constituida del Estado sigue existiendo, pero el derecho retrocede. La decisión exime a esa autoridad de toda restricción normativa y la hace absoluta en el verdadero sentido de la palabra. En un estado de emergencia, la autoridad suspende la ley sobre la base de un derecho de proteger su propia existencia.
El siguiente paso en la diagramación política nazi, fue lanzar una gigantesca campaña de propaganda para difundir la teoría de un “plan de levantamiento comunista”, que fue receptada con creces por la sentencia que condenó a van der Lubbe a la pena de muerte por hallarlo autor penalmente responsable del delito de “alta traición en concurso con incendio con fines de agitación”.
El Preámbulo del “Decreto del Incendio del Reichstag”, exponía que: “Tal como lo dispone el Artículo 48, parágrafo 2 de la Constitución, se decreta lo siguiente para defender al estado frente a los actos de violencia comunistas”.
Lo que se decretó, en verdad, fue la pérdida de todos los derechos personales durante el Tercer Reich. La libertad del individuo, la inviolabilidad del domicilio frente al allanamiento sin orden judicial, la privacidad de la correspondencia, la libertad de expresión y de reunión, el derecho a constituir organizaciones, e incluso el derecho de ser propietario fueron suspendidos “hasta nuevo aviso”. El “nuevo aviso” no llegó sino el 8 de mayo de 1945 y el decreto tuvo vigencia hasta que fue derogado por el gobierno militar de los Aliados.
Fue así como el gobierno derogó, a través de un seriado de decretos, buena parte de la Constitución vigente.
Muy pronto, se comenzó a aplicar el Decreto no sólo a los comunistas sino a cualquier persona o cosa que pudiere considerarse “oposición política”, en su sentido más amplio.
A mero título anecdótico, y a los efectos de ilustrar la enorme amplitud con que dicho decreto se aplicaba, en una causa seguida contra un grupo juvenil de la iglesia que organizaba actividades comunitarias que habían sido vedadas, la sentencia de la Corte Suprema Provincial de Hagen (revocando la absolución dictada por su inferior), observó “que este género de énfasis sobre divisiones (religiosas) lleva consigo por su naturaleza las semillas de una descomposición del pueblo alemán, y cualquier descomposición de esa naturaleza representa una promoción potencial de los objetivos comunistas y apoyo de sus metas”. Y continuó: “Tal despliegue público de opinión o creencia personal puede convertirse con demasiada facilidad en un estímulo a los comunistas, a los simpatizantes del comunismo, o a las personas que todavía carecen de afiliación política, que podrían entonces desarrollar y desplegar la opinión de que el estado nacionalsocialista no tenía el apoyo del pueblo”.
Como contracara, los asuntos políticos nunca debían ser objeto de revisión judicial, y también se otorgó una amplitud desmesurada al concepto de “asunto político”. Así, por caso, la Corte Superior de Settin declaró que carecía de competencia para conocer el accidente automovilístico provocado por un miembro de las SA, ya que “cada acción realizada por un hombre de las SA o de un miembro del Cuerpo de Conductores Nacionalsocialistas ocurre bajo el escudo del Partido Nacionalsocialista y por ello debe ser juzgada como una acción política en el sentido amplio y general”.
Fue así como los tribunales legitimaron la eliminación de las organizaciones, la prohibición de las reuniones, el secuestro de activos, los arrestos, la imposición de multas y sentencias de prisión a tal grado, que la propia existencia de los tribunales dejaba de tener sentido. Se le dio vía libre a la policía para definir lo legal y separarlo de lo ilegal.
Con posterioridad, el 7 de abril de 1933 se sancionó la “Ley para la Restauración de la Carrera Administrativa”, mediante la cual se decretó la remoción permanente de la administración pública de todos los jueces y demás funcionarios que fuesen judíos, socialdemócratas o de otro modo “no confiables políticamente”.
Se propició una política de cooperación de los jueces en la revisión del derecho alemán, mediante vías de interpretación libres de todas las ataduras vinculadas al sindicalismo.
En octubre de 1933, 10.000 juristas juraron, con sus brazos derechos alzados en saludo nazi, con las siguientes palabras: “Como juristas alemanes nos empeñaremos en seguir la ruta trazada por usted, nuestro Führer, hasta el final de nuestros días”.

María Antonela Mandolesi

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola, algunx me puede indicar dónde encontrar el artículo de Bovino "contra la legalidad"? Gracias
Sofia

Agustin dijo...

Hola Sofía,

podés encontrar el artículo de Bovino, siguiendo este link: http://nohuboderecho2.blogspot.com/2008/06/texto-acompleto.html

Saludos