Después de la clase del lunes sobre independencia judicial, me acordé de una nota que se publicó la semana pasada en el blog de Horacio Cecchi y, a partir de la cual, se armó un discusión muy interesante sobre la posibilidad de elegir a los jueces mediante el voto popular.
La noticia que abre el debate, trata sobre la elección popular de los magistrados de los tribunales superiores de Bolivia, el próximo 9 de octubre.
Lo importante de la nota son los comentarios, principalmente, el de Guillermo Nicora, ya que cambia el punto de vista del tema que se discute. Más allá de que no tengo una postura definida al respecto, creo que hay ciertos puntos –o argumentos- que merecen ser repensados:
- La elección popular del poder judicial (el poder menos democrático de todos en cuanto a su selección) permite acercarnos más a la forma democrática propia del republicanismo.
- Creencia (ficticia) de que se perdería la garantía de independencia, característica del poder judicial. No podemos negar el circo de intereses que hoy en día se esconden bajo el manto de esta garantía. Si bien la estabilidad y durabilidad de los jueces en sus funciones, no depende –o mejor dicho, no debería depender- del gobierno que esté de turno, lo cierto, es que el sistema judicial actual, es un modelo funcional a las relaciones de poder existentes; y aquellos que intentan mantener su “independencia”, se ven rápidamente sancionados, como es el caso del juez Sal Lari.
- Distinción entre la politización de la justicia, de la partidización. El voto popular, no tiene por qué ser sinónimo de partido político.
- Mediante el voto popular se evitaría la doble delegación en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Consejo de la Magistratura. ¿Este último no podría ser elegido popularmente también?
En fin, son muchos los argumentos que pueden ir surgiendo, pero me pareció una buena oportunidad para retomar el debate. Les dejo la noticia y abajo el link donde podrán encontrar los argumentos.
Medida histórica en la región
En Bolivia a los jueces los elige la gente; en la Argentina estamos lejos
El 9 de octubre se realizarán las primeras elecciones judiciales en Bolivia. Se elegirán en las urnas los integrantes del TSJ, el de Constitución Plurinacional, el Agroambiental y Consejo de la Magistratura. El constitucionalista Gregorio Badeni habló de esta iniciativa con DiarioJudicial.com.
Gracias a una modificación en la Ley de Régimen Electoral, Bolivia ahora podrá elegir a los jueces que integren los órganos judiciales de ese país: el Tribunal Supremo de Justicia, el de Constitución Plurinacional, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Según confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ayala, esta convocatoria podría realizarse el nueve de octubre de este año.
Previo a la elección de los magistrados, los diputados bolivianos deberán realizar una preselección de candidatos a puestos jerárquicos, y según estipula la nueva normativa, deben ser aprobados por dos tercios de los legisladores. Esta primera fase tiene una duración de 60 días, en tanto la Ley dispone que en 90 días sean organizados los comicios.
El constitucionalista Gregorio Badeni, en declaraciones a DiarioJudicial.com, aseveró que “una medida semejante implica politizar el Poder Judicial, ya que en el futuro los magistrados se van a ver afectados por la opinión de las personas que los van a votar. Por eso sus decisiones serán parciales y medidas según lo que él considere que pida la gente y no en sus conocimientos vertidos objetivamente a la hora de realizar una sentencia”.
Si bien los postulantes no se presentarán en el marco de partidos políticos, Badeni piensa que “los magistrados van a obrar con criterio político para seguir en el cargo. La politización del Poder Judicial es nefasta”.
También planteó qué sucedería en Argentina. “Aquí se presentaría el mismo problema: la politización de los magistrados sería inevitable. Si hoy algunas personas se agravian por las decisiones de jueces federales que fallan de tal forma para mantener su cargo, habría que imaginar que pensaría la gente si ese juez hiciera lo mismo pensando en sus posibles votantes”. Precisó además que “en nuestro país un debate como este jamás llegó a Comisiones legislativas, se ha tratado mayormente en ámbitos académicos y teóricos”.
Actualmente en Bolivia, la mayoría de los organismos judiciales están compuestos por jueces designados por el Poder Ejecutivo. Con esta elección, se elegirán cargos para todas las jurisdicciones del país, entre más de 120 postulantes.
La iniciativa también afirma que un 50% de los preseleccionados deben ser mujeres, y que además debe contar con la presencia de magistrados de origen indígena. También es requisito que los interesados tengan ocho años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, así como también tienen que haber sido docentes universitarios.
Asimismo, la Ley asegura que “los medios audiovisuales de comunicación del Estado Plurinacional deberán disponer espacios para la difusión, por parte del Tribunal Supremo Electoral, de los datos personales y principales méritos de los postulantes. El Tribunal Supremo Electoral incluirá en el presupuesto del proceso la partida correspondiente para cubrir los costos de esta difusión”.
A pesar de que la iniciativa es sumamente inusual, algunos países cuentan con un sistema similar. En Japón, por ejemplo, desde 1947 la gente ratifica o rechaza la elección de ministros de la Corte Suprema, que son seleccionados por el Poder Ejecutivo. Luego, son estos magistrados los que realizan la elección de los miembros de los tribunales inferiores.
En Estados Unidos la situación es más compleja. Si bien más del 80% de los magistrados son elegidos por voto popular, no todos se someten a tal instancia. Además, en ese país también hay algunos estados en los que la votación no se da para acceder al cargo pero si para mantenerse en él.
Link del blog con los comentarios: http://horaciocecchi.wordpress.com/2011/04/27/de-bolivia-jueces-por-voto-y-sal-lari/#comments
Julia Baliña
2 comentarios:
Comparto totalmente el argumento de Nicora. Cuando iba leyendo la nota imaginaba argumentos para legitimar el procedimiento boliviano.
Creo que lo que tenemos actualmente es una forma encubierta de mantener las relaciones de poder existentes, los tires y aflojes y los intereses de cada uno de los actores "políticos" que intervienen en el proceso. ¿O no es cierto que todos los sujetos que intervienen en el proceso de selección son directa o indirectamente elegidos por el voto popular (peor aun en los casos como la participación de los integrantes de los colegios públicos de abogados)?
Blanquear una situación que de hecho es así creo que otorgaría mayores capacidades de control y legitimaría aún más el sistema.
Obviamente q la oposición a que la ciudadanía participe en el proceso de selección de magistrados es una clara muestra de desconfianza a aquella. Detrás de los argumentos jurídicos-institucionales que se esbozan para rechazar este tipo de propuestas subyace la idea de “falta de capacidad” de la “gente común”, legitimando el concepto de que la solución para determinadas problemáticas debe quedar en manos de unos pocos “iluminados”.
Aclaro que no lo tengo resuelto y que, por ejemplo, con respecto a los juicios por jurados he pensado mecanismos para evitar que los ciudadanos no se encuentren influenciados por la presión mediática. Clara muestra de mi misma desconfianza.
Catriel Rebón
Comparto totalmente el argumento de Nicora. Cuando iba leyendo la nota imaginaba argumentos para legitimar el procedimiento boliviano.
Creo que lo que tenemos actualmente es una forma encubierta de mantener las relaciones de poder existentes, los tires y aflojes y los intereses de cada uno de los actores "políticos" que intervienen en el proceso. ¿O no es cierto que todos los sujetos que intervienen en el proceso de selección son directa o indirectamente elegidos por el voto popular (peor aun en los casos como la participación de los integrantes de los colegios públicos de abogados)?
Blanquear una situación que de hecho es así creo que otorgaría mayores capacidades de control y legitimaría aún más el sistema.
Obviamente q la oposición a que la ciudadanía participe en el proceso de selección de magistrados es una clara muestra de desconfianza a aquella. Detrás de los argumentos jurídicos-institucionales que se esbozan para rechazar este tipo de propuestas subyace la idea de “falta de capacidad” de la “gente común”, legitimando el concepto de que la solución para determinadas problemáticas debe quedar en manos de unos pocos “iluminados”.
Aclaro que no lo tengo resuelto y que, por ejemplo, con respecto a los juicios por jurados he pensado mecanismos para evitar que los ciudadanos no se encuentren influenciados por la presión mediática. Clara muestra de mi misma desconfianza.
Catriel Rebón
Cito a Ileana Arduino, si bien hace referencia al juicio por jurados creo que puede hacerse extensivo al tema en discusión....
"Alguna vez un juez de la Nación ha señalado que "los jueces usan todos las mismas corbatas". Este eufemismo debe ser leído como una referencia a la composición homogénea de una corporación que tiene el poder de decidir sobre conflictos muy diversos, que involucran a personas completamente alejadas de la realidad cotidiana que ofrecen los estrados judiciales y sus microclimas"
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